Colaboración de Eva Fontdevila/ Abrojos Colectivo de Educación Popular, Tucumán
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Uno de los avances conseguidos por la sociedad argentina en los últimos años, con la voluntad política de un gobierno que acompaña los nuevos paradigmas culturales, es sin dudas la sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Nº 26.061). En ella se establece como prioritario el respeto de los derechos de todos los jóvenes, sin distinción. Esto incluye, lógicamente, a aquellos adolescentes que por diferentes razones y empujados por sus condiciones históricas cometen delitos o infringen la ley penal.
Entre otros aspectos a destacar, la ley de protección integral propone el desarrollo de medidas alternativas a la privación de la libertad para los menores de edad, entendiendo que el encierro no permite la garantía de los derechos ni la promoción del desarrollo de una subjetividad plenamente digna. En este sentido, las instituciones de encierro aparecen como una opción temporaria que obliga a una evaluación profunda caso por caso para la búsqueda de opciones de intervención.
En la provincia de Tucumán, con la sanción de la Ley de Protección Integral provincial (Nº 8293), en mayo de 2010, la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal se ha visto alterada por un reposicionamiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia como su organismo de aplicación. Lo que se ha modificado, aunque la consolidación llevará un largo tiempo, es un replanteo de la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en la decisión sobre la situación de los adolescentes que infringen la ley. La Dirección de Niñez ha establecido una política de contención de los jóvenes que reemplaza a la judicialización como único abordaje, planteándose integralmente su situación: articulación con las familia, con otros organismos públicos de salud y educación, la creación de un Departamento de Atención Integral, y la formación de un Centro Socioeducativo, donde los adolescentes participan de espacios de formación en oficios y de reuniones de reflexión sobre sus posibilidades.
Además de las medidas alternativas, la DiNayF ha introducido cambios sustanciales dentro del Instituto Julio A. Roca, donde se alojan varones adolescentes. Desde 2008 los jóvenes están a cargo de operadores convivenciales con formación terciaria que presentan proyectos artísticos, culturales o recreativos para desarrollar con los jóvenes, y la policía se ocupa solamente del control del acceso y eventualmente de intervenir en conflictos graves.
En el marco de este cambio, se promueve el desarrollo de instancias de ejercicio de la libertad de expresión, como el proyecto de comunicación que dicta Abrojos, Colectivo de Educación Popular desde el mes de enero de 2011. El objetivo de ese espacio es transitar una serie de talleres de comunicación que comiencen a vincular este espacio con la Red de Jóvenes Comunicadores de Tucumán que venimos construyendo con escuelas públicas y privadas, y con Institutos y Hogares bajo el programa de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Continuar leyendo »
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